Pan, Circo y Paz Social (7 de 7)

ANOTACIONES SOBRE INMIGRACIÓN Y VIVIENDA

Vemos, con estupor, en cantidad de ayuntamientos, unas grandes pancartas con el lema: “Bienvenidos”, “Queremos acoger” u otras lindezas por el estilo como si de una competición deportiva se tratara para ver quién es más progresista frente al tema de la inmigración. Si en la puerta de nuestro domicilio pusiéramos unos carteles por el estilo significaría que a las personas que diéramos entrada les aseguraríamos alojamiento, comida y cobertura de los servicios que precisaran.

Pero a nivel institucional, fruto de la hipocresía política generalizada, estas frases altisonantes no garantizan en absoluto ni techo permanente, ni alimentación ni cobertura de servicios ni unos ingresos que permitan a las personas ser autónomas en la toma de decisiones. Y, no tan sólo en lo que respecta a los inmigrantes, es que no se garantiza tampoco a las personas autóctonas, tan solo las migajas de la asistencia social después de rellenar docenas de impresos en los cuales han de demostrar su pobreza y humildemente solicitar ante los servicios sociales una ayuda para pagar el alquiler, una ayuda para el comedor escolar, un lote de comida de cuando en cuando,…

Pululando cual aves de rapiña, alrededor de los servicios sociales institucionales, se agrupan asociaciones, fundaciones, ong,s, y filantropías interesadas de algunas empresas para poder desgravar sus impuestos de sociedades. Pero la pregunta es: ¿Pueden los Ayuntamientos asegurar unas condiciones de vida dignas y con autonomía para las personas con independencia del número de éstas que se incorporan de nuevo en una localidad determinada?

Si echamos una ojeada a los presupuestos municipales vemos que su capacidad de autofinanciación es extremadamente limitada ya que la mayoría de ingresos provienen de las transferencias del Estado para dedicarlas a cubrir las nóminas, otras partidas vienen reguladas para utilizarlas solamente para proyectos determinados y no pueden utilizarse para otras contingencias, es decir los Ayuntamientos solo disponen de los ingresos propios por IBI, IAE, licencias de obras, residuos, multas y poca cosa más. ¿Qué hacer?

De entrada no vanagloriarse ni prometer lo que no se puede cumplir. Dicho esto, preguntarse porqué los inmigrantes deciden ubicarse en una localidad determinada, quién les indica, si es por posibilidades de vivir y trabajar, si es por ciertas ventajas de la asistencia social, si es por el clima, si es porque hay coetáneos suyos, si es por informaciones diversas,… y a qué van a dedicarse, si a la agricultura, si a los servicios, si a la industria, si en la localidad donde se ubican existen las condiciones para vivir. Si no podemos responder a estas preguntas ¿Cómo se puede pregonar la acogida?

Los adolescentes solos, los llamados “menas” es una cuestión a tratar desde otra óptica. Resulta que teóricamente quién se debe responsabilizar de ellos es la DGAIA, pero resulta que dicho organismo solo gestiona los trámites burocráticos pues la tarea concreta de asistencia a estos jóvenes se traslada a asociaciones o fundaciones mediante unas asignaciones económicas que apenas cubren los salarios de las personas que los atienden ya que se trata de un entramado ajeno para enriquecer a los directivos de dichas fundaciones que suelen ser al mismo tiempo ex cargos políticos de la Generalitat (el caso Calvo ligado a ERC destapado recientemente)

Pero al cumplir 18 años simplemente se les deja en la calle, a que se busquen la vida como puedan, y la forma más fácil es entrando en el mundo de la delincuencia, tráfico de drogas o prostitución, con lo cual podemos llegar a la conclusión que la pretendida “acogida” institucional no es más que un depósito de los futuros delincuentes que la sociedad demanda cuyos puestos no quieren ser atendidos por los hijos e hijas de las familias autóctonas bienpensantes.

Todo este entramado pretende varias cosas a la vez: en el ámbito laboral crear una corriente a la baja en los salarios; en la atención a las personas conseguir unas fuentes de trabajo a bajo coste y sin derechos laborales con lo cual se pueden restringir las partidas presupuestarias dedicadas a los servicios sociales (básicamente cuidado de ancianos y enfermos); en el ámbito de la demanda de drogas establecer la hipócrita distinción entre consumidores y traficantes, es decir la no penalización de la demanda y la penalización de la oferta, lo cual conlleva a ser benevolentes con los retoños de las familias autóctonas y criminalizar a quienes les proveen de sus “necesidades”; y garantizar una oferta suficiente de prostitutos y prostitutas para desahogo de los bajos instintos de hombres y mujeres autóctonos y foráneos. Todo ello dentro de un entramado económico de la llamada “economía sumergida” a la cual las “honestas” instituciones de la Unión Europea han creído conveniente incorporar –a tanto alzado- un porcentaje del producto interior bruto de cada país basado en los porcentajes holandeses extraídos de la llamada prostitución legal y en cuanto a las drogas un porcentaje de las incautaciones anuales. Todo a mayor gloria del capital.

La vivienda, es decir el lugar donde vivir, pero también el lugar desde el cual se proyectan los circuitos de los estupefacientes y los servicios sexuales ocupa un espacio habitacional que las “autoridades” pretenden sacar de los lugares previstos para la gentrificación sobre todo en ciudades de tránsito turístico. No es que pretendan eliminar dichos espacios, tan solo quieren sacarlos de la vista en las zonas donde el capital inmobiliario pretende realizar inversiones y que dichos espacios juegan los precios a la baja.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Estos esbozos, entrelazan el pasado y el presente, la perspectiva de la lucha de clases y la lucha por el socialismo en las condiciones de una sociedad rica y al mismo tiempo desigual como la nuestra.

No se trata de “pedir más de lo mismo” ni de una “mejor distribución” de las plusvalías generadas. Se trata de apuntar  directamente la línea de flotación del marco económico-cultural del capitalismo, en un intento de romper la dinámica desestructurante del proletariado del siglo XXI y creando las bases para el proceso de destrucción (de la vieja sociedad) y construcción (de una nueva sociedad).

Para tal empresa emancipatoria es preciso que una vanguardia auténticamente revolucionaria se ponga al frente de esta tarea de la misma forma que hace un siglo, en condiciones y espacios distintos, pero aprendiendo de los aciertos y descartando los errores.

Y, sin lugar a dudas, la organización permanante, la interrelación personal, la disciplina en la aplicación de los acuerdos colectivos y la aceptación del riesgo que comporta cualquier toma de decisión que se enfrente al orden establecido.

En este entramado recuperar el concepto de ayuda mutua no dependiente de las “annonas” sino como aporte individual al quehacer colectivo, lo cual redundará en la recuperación de un nuevo internacionalismo proletario que entierre la trampa del cosmopolitismo que no es otra cosa que el embrutecimiento mental derivado del nuevo espíritu del capitalismo.

Y, siempre teniendo en cuenta que,

Sin la destrucción del sistema capitalista, es utópico pensar en soluciones a largo plazo.

Josep Cónsola Enero 2020.

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